Cancún, Q.Roo.- Con el arranque de julio de 2025, comenzó en Quintana Roo un programa piloto de 180 días. Este busca incorporar a los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit. Sin embargo, el nuevo esquema ha generado una considerable preocupación entre empresarios del sector restaurantero y comercial, quienes advierten un incremento significativo. La nueva regulación suma costos de hasta un 33% a plataformas digitales, lo cual, se anticipa, impactará al consumidor final. Además, los propios repartidores han manifestado su rechazo, alegando que la medida limita su flexibilidad laboral y aumenta sus gastos operativos.
El nuevo esquema financiero y sus cargos
Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, explicó la situación detallada. Muchos trabajadores de plataformas optaban por la modalidad de tiempo parcial precisamente por la libertad que ofrecía esta forma de empleo. Ahora, sin embargo, deberán ajustarse a un sistema de cotización social obligatorio. La reforma estipula retenciones de hasta 2.5% adicionales sobre los ingresos de los repartidores para el IMSS. Por su parte, las plataformas deberán cubrir hasta un 28% en cuotas sociales, además de un 5% adicional al Infonavit por cada trabajador afiliado. Así, la suma total de estos cargos alcanza un 33% a plataformas digitales, creando una nueva carga financiera.
Traspaso del costo al consumidor final
Los negocios con una alta dependencia de las plataformas digitales son, por lo tanto, los que más resentirán esta reforma. El dirigente restaurantero también enfatizó que este nuevo costo no será absorbido por las empresas. Su monto se trasladará directamente al consumidor final. “Las plataformas aumentarán sus comisiones y los restaurantes tendrán que subir sus precios. Al final del día, el cliente es quien paga”, puntualizó Villarreal. Esta situación plantea una presión económica adicional sobre los ciudadanos, quienes ya enfrentan otros incrementos en bienes y servicios, afectando el bolsillo de todos los involucrados en la cadena de consumo. La imposición de un 33% a plataformas digitales repercutirá de manera directa en el presupuesto familiar.
Presión empresarial y llamado a la prudencia
Por su parte, Rafael Ortega, vocero de la Cámara Nacional de Comercio en Cancún, advirtió sobre las implicaciones más amplias. Este tipo de reformas laborales, junto con los recientes incrementos salariales y la reducción de jornadas, están ejerciendo una presión directa sobre los costos operativos de las empresas. “En televisión suena muy bonito hablar de mejores prestaciones”, declaró Ortega, “pero nadie dice quién va a pagar eso”. Insistió en que no es posible que el empresario asuma el costo de su bolsillo. Las empresas, agregó, no son organizaciones filantrópicas, sino negocios que sostienen a miles de familias. Los representantes empresariales en Cancún coinciden en que los costos de las nuevas regulaciones del IMSS e Infonavit recaerán en el consumidor final. Por consiguiente, solicitan mecanismos de transición menos agresivos. Buscan evitar riesgos para la viabilidad de pequeños negocios y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos ante este 33% a plataformas digitales.
